Nueva Ley Organica del Trabajo LOT en Venezuela
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Interpelados
.
Por DAVID UGARTE
Desde el
Palacio de Miraflores, en Caracas, el Jefe de Estado, Hugo Chávez Frías, señaló
que este histórico instrumento tiene grandes beneficios, entre ellos la
reducción a 40 horas diurnas la jornada laboral semanal, con la obligación y el
derecho de dos días continuos de descanso.
(Correo
del Orinoco/ Aporrea.org). El presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Hugo Chávez, firmó hoy la nueva Ley Orgánica del Trabajo,
desde el Palacio de Miraflores, en Caracas. Esta normativa será enviada al tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) para que reciba su carácter orgánico.
El
mandatario indicó este lunes que será creado un órgano superior para vigilar
que se cumpla la nueva Ley Orgánica del Trabajo, a la cual calificó como un
instrumento legal producto de largas luchas de las trabajadoras y trabajadores.
“Tenemos
una ley para la historia. Esa historia, mirándola en perspectiva, nos dice que
ninguna conquista de los pueblos, de los trabajadores y trabajadoras ha
ocurrido sin que haya habido un largo proceso de resistencia, de lucha, de
sufrimientos, incluso. Esta ley, que hoy voy a tener el honor de firmar para
enviar al TSJ para su carácter orgánica, es una ley producto de un largo
proceso de lucha”.
Desde el Palacio de
Miraflores, en Caracas, el Jefe de Estado señaló que este histórico instrumento
tiene grandes beneficios, entre ellos la reducción a 40 horas diurnas la
jornada laboral semanal, con la obligación y el derecho de dos días continuos
de descanso.
Destacó que las empresas
tendrán un año para adecuarse a la ley. Indicó que otros de los beneficios es
la reactivación del doblete, que se trata del pago doble a la trabajadora o
trabajador cuando es despedido de manera injustificada.
Fuentes:Correo
del Orinoco/ Aporrea.org
30/4/2012
Para los que vivimos en carne propia los efectos de la reforma de la LOT en el año 1997, llevada a cabo por la mal llamada "tripartita", podemos respirar hoy con tranquilidad, ya que nos han devuelto una reivindicación que nos había sido arrebatada. Aún cuando todavía existen algunos definitivamente mercenarios apatridas, que tratan de convencernos que volver a la retroactividad es un error.
Para poder interpelar a esta serie de pillos embusteros enquistados en la oposición venezolana, y que tienen el poder de arrastrar a cierta cantidad de personas que se niegan a pensar y dejan que otros decidan por ellos, vamos a mostrar una serie de articulos que fueron investigados con la finalidad de poder discernir cual es la gran verdad.
Empecemos con Pablo Perez, a quien tenemos mas cerca y conocemos bien de todos los aspectos que lo rodean:
Venezuela
Publicado el 29 de abr de 2012 4:31 pm |
96 comentarios
Video: Globovisión 29 de abril 2012
(Caracas, 29 de abril. Noticias24) Este
domingo el gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, fue consultado
sobre la reforma de la Ley
del Trabajo. Al respecto, Pérez aclaró que “no soy hombre que declara de
acuerdo a rumores o enunciados de las redes sociales”, aseguró que esperan que
sea aprobada para hacer el análisis y de allí darán su punto de vista
“serio y equilibrado”.
No obstante, confesó sentir preocupación
porque en lo que si se insiste es en la aprobación del nuevo Fondo de
Prestaciones Sociales. “Me llama la atención que se mantiene la intención de
crear ese fondo, lo cual me preocupa porque significa que el Gobierno nacional
va a manejar el dinero de todas las prestaciones sociales”, dijo Pérez.
Compartió que se ha encontrado con maestros
jubilados por el Ministerio de Educación desde hace 6, 7 y hasta 8 años, y todavía no les han pagado sus pasivos
laborales. “Imagínense lo que ocurrirá entonces en las regiones cuando desde
las gobernaciones tengamos que enviar al Gobierno central los recursos
destinados por nuestras gestiones para el pago de ese compromiso”, señaló.
Señaló que “vamos para atrás como el
cangrejo”, pues argumentó que ahora el dinero de los trabajadores de la
gobernación tendrá que enviarlo al Gobierno Nacional. “Ahora tenemos que darle
dinero al centralismo”.
Enfatizó que “de ser aprobada la reforma de
la nueva LOT no me haré responsable del pago de las prestaciones sociales de
los trabajadores ya que eso es un fondo que va a manejar el Gobierno
Central (…) Gracias a Dios en la nuestra gobernación hemos cumplido y por eso
hay paz laboral en el Zulia, pero creo que de ahora en adelante las protestas
que se hagan desde cualquier sector laboral (en demanda de pago de prestaciones
sociales) tendrán que hacerlas en Caracas”, dijo.
El Mandatario Regional aportó estas
declaraciones durante la entrega de 100 nuevos títulos de propiedad en el
sector Altamira Norte en el municipio Maracaibo. “Estos son actos y
decisiones de estado donde se reivindica lo que representa la justicia social”.
Pérez enfatizó que la propiedad privada es el
comienzo del desarrollo y del progreso en el país. “Mientras la propiedad privada sea reconocida y
respetada como lo hacemos en el gobierno del Zulia empieza el desarrollo y las
inversiones(…) para nosotros es fundamental el respeto de la propiedad
privada para generar progreso y desarrollo”.
Indicó que en el estado Zulia llevan a cabo la
sustitución de rancho por vivienda “no solo le entregamos la llave sino la
propiedad de la tierra y la vivienda que entregamos (…) Aquí el gobierno
entrega títulos de ocupación , en Venezuela no queremos un país de ocupantes
sino de propietarios”, lo cual forma parte de la democracia social que
existe en todo país cuyo sistema de gobierno defiende la propiedad privada, el
desarrollo económico y el progreso de sus habitantes.
Manifestó que siempre defenderá de manera
real, constante y permanente esos principios y que jamás se arrodillará ante
el centralismo que tanto daño ha hecho a las regiones y municipios. “Yo
sólo me arrodillo ante Dios”, resaltó el mandatario zuliano.
Finalmente añadió que con esto el centralismo
vuelve a arreciar contra estados y municipios. “Vuelve el centralismo vuelve
otra vez a quedarse con una tajada grandota de lo que representa la justicia
social en el reconocimiento económico de tantos años de trabajo de hombres
y mujeres que laboralmente han dedicado una gran parte de su vida a
gobernaciones y alcaldías”.
LEY DEL
TRABAJO: Pablo Pérez está en contra del fondo de prestaciones
El gobernador del
estado Zulia Pablo Pérez confesó sentir preocupación ante la posible aprobación
de un fondo de prestaciones sociales en el marco de la reforma de la Ley Orgánica del
Trabajo.
Dijo que se ha encontrado con maestros jubilados por el Ministerio de Educación desde hace 6, 7 y hasta 8 años, y todavía no les han pagado sus pasivos laborales. "Imagínense lo que ocurrirá entonces en las regiones cuando desde las gobernaciones tengamos que enviar al Gobierno central los recursos destinados por nuestras gestiones para el pago de ese compromiso", señaló.
A su juicio, en Venezuela "cada día vamos como el cangrejo, caminando hacia atrás. Ahora los gobernadores tendremos que darle dinero al centralismo, en vez de recibir de el los recursos necesarios para seguir generando bienestar social en regiones y municipios".
Advirtió a los empleados y obreros de la Gobernación del Zulia: "Si esa Ley se aprueba no me hago responsable del pago de las prestaciones, porque esos fondos los manejará el Gobierno Nacional. Gracias a Dios en nuestra Gobernación hemos cumplido y por eso hay paz laboral en el Zulia, pero creo que de ahora en adelante las protestas que se hagan desde cualquier sector laboral (en demanda de pago de prestaciones) tendrán que hacerlas en Caracas".
Dijo que se ha encontrado con maestros jubilados por el Ministerio de Educación desde hace 6, 7 y hasta 8 años, y todavía no les han pagado sus pasivos laborales. "Imagínense lo que ocurrirá entonces en las regiones cuando desde las gobernaciones tengamos que enviar al Gobierno central los recursos destinados por nuestras gestiones para el pago de ese compromiso", señaló.
A su juicio, en Venezuela "cada día vamos como el cangrejo, caminando hacia atrás. Ahora los gobernadores tendremos que darle dinero al centralismo, en vez de recibir de el los recursos necesarios para seguir generando bienestar social en regiones y municipios".
Advirtió a los empleados y obreros de la Gobernación del Zulia: "Si esa Ley se aprueba no me hago responsable del pago de las prestaciones, porque esos fondos los manejará el Gobierno Nacional. Gracias a Dios en nuestra Gobernación hemos cumplido y por eso hay paz laboral en el Zulia, pero creo que de ahora en adelante las protestas que se hagan desde cualquier sector laboral (en demanda de pago de prestaciones) tendrán que hacerlas en Caracas".
A este personaje lo que le preocupa en realidad es que el dinero de las prestaciones de los trabajadores, ya no va a poder seguir siendo usado a su antojo como una caja chica más del gobernador, y cuando hace referencia a los trabajadores de la nación, cae en su propia trampa ya que los que en realidad han venido sufriendo los abusos con respecto al despojo y mal manejo de sus prestaciones son los trabajadores y jubilados de la gobernación, desde los tiempos de Manuelito, y él ahora no haya que hacer para justificar este desastre. Para muestra un boton, o una caja de ellos aquí dejamos algunos documentos que pueden aclararnos lo que en realidad tiene preocupado a la Gobernación del Zulia,:
mayo 24, 2011 - 4:40
pm
Representantes sindicales
de los jubilados, pensionados, empleados de las empresas del nuevo modelo de
gestión, sobrevivientes y contratados del Ejecutivo regional, anunciaron que
este jueves 26, a
las 8 de la mañana, se congregarán en las afueras del Palacio de Gobierno par
pedir que atiendan sus reclamos salariales.
José Cañizález, del Sindicato de Hospitales y
Clínicas, dijo que no estuvieron de acuerdo con el incremento anunciado por el
Ejecutivo regional. “No señor. El Gobernador habla de 20% sobre salario mínimo,
cuando se planteó 1.407 y no la base de cálculo que ellos toman. Estamos
sujetos a que es la mayoría de los gremios quienes firman y a que
revisemos también las clausulas contractuales”, expresó.
“Por eso salimos a la calle”, dijo Cañizález,
quien agregó: “No aceptamos esa propuesta, y quienes consideren que se les
violentan sus derechos que vengan hasta aquí, a protestar con nosotros”.
“Un auxiliar de enfermería, con el aumento
presidencial, quedó en mil 991; aquí gana mil 400. Le pedimos
que reflexione al Gobernador. Le adelantamos que estamos haciendo
contacto en Caracas y si no nos prestan atención nos vamos hasta la Asamblea, para exigir que
se respete ese tabulador”, añadió.
Por su parte Carlos Petit, secretario de
Fetrazulia, dijo: “Pedimos a quienes ganen salario mínimo, tengan pendiente
pago de prestaciones sociales, jubilados, se les aplique el
tabulador; los que pertenecen a Obras Públicas con pensión de
sobreviviente, a que se una a esta lucha”.
“Se hizo un ajuste donde la mayoría que gana
salario mínimo apenas perciben 5% de más; o sea, si están jubilados, son
maestros, obreros, reciben ese mínimo. Aquí en el Zulia el 80% de los jubilados
gana eso y no lo aceptamos, eso es para los nuevos, hay incluso quienes tienen
22 años de servicio y ganan ese salario básico”, indicó.
Mirian Almarza, vicepresidente de
Jubilpol, manifestó: “Llamo a la comisión de derechos humanos a que atienda
este problema, el Gobernador dice que lucha por nosotros, pero (en) el tiempo
que él tiene ha aumentado sólo 20 bolívares a todos, eso es injusto, los
sobrevivientes ganan 600 bolívares mensual, eso es violar los derechos
humanos”.
“Somos mil 100 jubilados, sin incluir los
familiares, ahora dicen que los policías tenemos que esperar, pues que se
prepare porque vamos a dar hasta la residencia Oficial, y accionaremos todo lo
que sea posible”, apuntó.
Edgar Arnía, del Sindicato de Educación,
acotó que este sector, que agrupa 2 mil 300 trabajadores, llama al
Ejecutivo regional a rectificar. “Este jueves esperamos que se sumen a la
protesta, vamos a la calle y nos tiene que escuchar este Gobierno regional que
no nos atiende, (y que) cree que con estas pensiones miserables se puede
vivir”.
Maira Cecilia Perozo/Steven Novsak
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Retroactividad de prestaciones estancaría nuevos
empleos
Este beneficio fue
eliminado el 2 de marzo de 1997 por la tripartita, conformada por la CTV, Fedecámaras y Teodoro
Petkoff por el Ejecutivo nacional. Ahora trata de revivir en la reforma de la Ley Orgánica del
Trabajo (LOT), que podría aprobarse para mayo del próximo año
Maracaibo
Ante el anuncio de la activación de la retroactividad de las prestaciones sociales, la cual se eliminó hace catorce años en el país, economistas consideran que esto traerá como consecuencia a corto plazo, un estancamiento en la creación de nuevos puestos de trabajo, posibles despidos del personal laboral y contrataciones por breves tiempos. Sin embargo, creen que es un derecho de los trabajadores.
Fedecámaras Zulia asume una posición de preocupación, debido a que el Gobierno nacional anunció que esto debe reavivarse para mayo del próximo año en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto conllevará a que no habrá aumentos en los salarios y muy posiblemente causará más cierre de empresas privadas; siendo las más afectadas la pequeña y mediana. Lo recomendable es que se vuelva a unir la tripartita y se llegue a un acuerdo evaluando todos los escenarios.
No habrá más empleos
Alberto Castellano, profesor de la escuela de Economía de La Universidad del Zulia, manifestó que la retroactividad de las prestaciones sociales lo que incluye, es que en la liquidación se debe tomar el último sueldo devengado por el trabajador para su calculo. Recordó que en 1997 se llegó a un acuerdo entre la tripartita, conformada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Fedecámaras y Teodoro Petkoff, en representación por el Ejecutivo nacional, suponiendo la necesidad de aumentar los sueldos de los empleados, es decir, como la retroactividad tiene un peso importante sobre los pasivos laborales, se eliminó con esa promesa.
No obstante, esto no se dio como en un principio se planificó, en consecuencia se eliminó y en la actualidad, se propone su activación. Por consiguiente, explicó que la ventaja para los empleados, involucra un aumento en sus prestaciones y beneficios. La desventaja, según el punto de vista de los empleadores y en base a su criterio, que en este caso incluye al sector privado, que abarca un 60% y público, donde 2.5 millones de trabajadores están bajo la tutela del Estado venezolano, ocurre que para generar nuevos empleos habrá obstáculos, porque conllevará a un incremento en los costos laborales de absorber nuevos empleados y llevará a posibles despidos en las empresas. Aunque refirió que en la reforma de la LOT ese punto también se tocará, al igual que la tercerización o contratación que evitaría el incremento de los pasivos laborales.
Castellano recalcó que la retroactividad de las prestaciones es un derecho que tienen los trabajadores. Opinó que sí fue positiva su eliminación en la medida que generaría nuevos puestos de trabajo, pero lamentablemente no tuvo éxito. Por tanto, enfatizó que lo importante es llegar a un acuerdo con la reactivación de la tripartita: empleadores, empleados y Estado.
Los tres sectores deben dialogar
Alexo Faría, docente de la esuela de Economía en La Universidad del Zulia, indicó que nunca debió desaparecer ese sistema de prestaciones sociales, por tanto, cree que es un derecho que debe ser reestablecido, para lo cual considera que el Estado venezolano sí tiene los recursos para cubrir ese costo, con el excedente petrolero. Acotó que la desventaja en este caso, es para la administración pública por la deuda que se le acumula, pero resaltó que el Estado no pagaría eso de la noche a la mañana.
En cuanto a las empresas privadas, reflexiona que en el marco de la discusión de la reforma de la LOT, debe establecerse esa retroactividad pero no desde marzo del 97 hasta la fecha sino crear una cuenta, donde se haga un promedio para no pagar la totalidad, en el caso que el empleado tenga 15 años o más en una compañía.
Faría sostuvo que ante ese panorama, el Gobierno nacional debe dialogar con el sector privado y los trabajadores, donde se plantee el criterio de que esto es un beneficio para el país, porque agregó que a la final, cuando el trabajador tiene ese ingreso lo gasta en la misma sociedad.
Cerrarán más empresas
Francisco Martínez García, presidente de Fedecámaras Zulia, señaló la retroactividad de las prestaciones sociales no traería ninguna ventaja para ningún sector del país, pues opina que es apostar al futuro sin saber si habrá recursos, porque además, sostuvo que al no haber capacidad de ahorro las prestaciones se desvanecen.
A su juicio, el primer afectado es el Estado, que según sus palabras es el que peor paga y tiene la mayoría de empleados en el país. A pesar de que reconoce que el problema no es que si el Gobierno nacional tiene recursos o no sino la falta de planificación y el desorden que existe en la administración pública.
Por tanto, Martínez García afirma que el sistema de prestaciones desestimularía la generación de empelo, conllevaría despidos y contratación a corto plazo, por lo que mostró la preocupación de la federación al respecto, aunado al cierre de empresas, donde las más afectadas serían las pequeñas y medianas. En consecuencia resaltó que debería ser convocada la tripartita, porque “los empresarios no quieren cuidar más las prestaciones de sus trabajadores en su flujo de caja, porque si se toma una mala decisión, se pierde el capital, y lastimosamente las prestaciones de los trabajadores”, puntualizó.
Ante el anuncio de la activación de la retroactividad de las prestaciones sociales, la cual se eliminó hace catorce años en el país, economistas consideran que esto traerá como consecuencia a corto plazo, un estancamiento en la creación de nuevos puestos de trabajo, posibles despidos del personal laboral y contrataciones por breves tiempos. Sin embargo, creen que es un derecho de los trabajadores.
Fedecámaras Zulia asume una posición de preocupación, debido a que el Gobierno nacional anunció que esto debe reavivarse para mayo del próximo año en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto conllevará a que no habrá aumentos en los salarios y muy posiblemente causará más cierre de empresas privadas; siendo las más afectadas la pequeña y mediana. Lo recomendable es que se vuelva a unir la tripartita y se llegue a un acuerdo evaluando todos los escenarios.
No habrá más empleos
Alberto Castellano, profesor de la escuela de Economía de La Universidad del Zulia, manifestó que la retroactividad de las prestaciones sociales lo que incluye, es que en la liquidación se debe tomar el último sueldo devengado por el trabajador para su calculo. Recordó que en 1997 se llegó a un acuerdo entre la tripartita, conformada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Fedecámaras y Teodoro Petkoff, en representación por el Ejecutivo nacional, suponiendo la necesidad de aumentar los sueldos de los empleados, es decir, como la retroactividad tiene un peso importante sobre los pasivos laborales, se eliminó con esa promesa.
No obstante, esto no se dio como en un principio se planificó, en consecuencia se eliminó y en la actualidad, se propone su activación. Por consiguiente, explicó que la ventaja para los empleados, involucra un aumento en sus prestaciones y beneficios. La desventaja, según el punto de vista de los empleadores y en base a su criterio, que en este caso incluye al sector privado, que abarca un 60% y público, donde 2.5 millones de trabajadores están bajo la tutela del Estado venezolano, ocurre que para generar nuevos empleos habrá obstáculos, porque conllevará a un incremento en los costos laborales de absorber nuevos empleados y llevará a posibles despidos en las empresas. Aunque refirió que en la reforma de la LOT ese punto también se tocará, al igual que la tercerización o contratación que evitaría el incremento de los pasivos laborales.
Castellano recalcó que la retroactividad de las prestaciones es un derecho que tienen los trabajadores. Opinó que sí fue positiva su eliminación en la medida que generaría nuevos puestos de trabajo, pero lamentablemente no tuvo éxito. Por tanto, enfatizó que lo importante es llegar a un acuerdo con la reactivación de la tripartita: empleadores, empleados y Estado.
Los tres sectores deben dialogar
Alexo Faría, docente de la esuela de Economía en La Universidad del Zulia, indicó que nunca debió desaparecer ese sistema de prestaciones sociales, por tanto, cree que es un derecho que debe ser reestablecido, para lo cual considera que el Estado venezolano sí tiene los recursos para cubrir ese costo, con el excedente petrolero. Acotó que la desventaja en este caso, es para la administración pública por la deuda que se le acumula, pero resaltó que el Estado no pagaría eso de la noche a la mañana.
En cuanto a las empresas privadas, reflexiona que en el marco de la discusión de la reforma de la LOT, debe establecerse esa retroactividad pero no desde marzo del 97 hasta la fecha sino crear una cuenta, donde se haga un promedio para no pagar la totalidad, en el caso que el empleado tenga 15 años o más en una compañía.
Faría sostuvo que ante ese panorama, el Gobierno nacional debe dialogar con el sector privado y los trabajadores, donde se plantee el criterio de que esto es un beneficio para el país, porque agregó que a la final, cuando el trabajador tiene ese ingreso lo gasta en la misma sociedad.
Cerrarán más empresas
Francisco Martínez García, presidente de Fedecámaras Zulia, señaló la retroactividad de las prestaciones sociales no traería ninguna ventaja para ningún sector del país, pues opina que es apostar al futuro sin saber si habrá recursos, porque además, sostuvo que al no haber capacidad de ahorro las prestaciones se desvanecen.
A su juicio, el primer afectado es el Estado, que según sus palabras es el que peor paga y tiene la mayoría de empleados en el país. A pesar de que reconoce que el problema no es que si el Gobierno nacional tiene recursos o no sino la falta de planificación y el desorden que existe en la administración pública.
Por tanto, Martínez García afirma que el sistema de prestaciones desestimularía la generación de empelo, conllevaría despidos y contratación a corto plazo, por lo que mostró la preocupación de la federación al respecto, aunado al cierre de empresas, donde las más afectadas serían las pequeñas y medianas. En consecuencia resaltó que debería ser convocada la tripartita, porque “los empresarios no quieren cuidar más las prestaciones de sus trabajadores en su flujo de caja, porque si se toma una mala decisión, se pierde el capital, y lastimosamente las prestaciones de los trabajadores”, puntualizó.
Aylen Bucobo
Froilan Barrios: De
trimaldita a unimaldita
Esta noticia fue
publicada el Miércoles, abril 25, 2012 a las: 8:55 am y se encuentra en la
categoria Opinión.
En medio del acartonado
acto realizado en La Guaira
el 10 de Noviembre 2011 donde el Presidente Chávez diera su bendición a la Central Bolivariana
Socialista de Trabajadores y éste a su vez fuera calificado en agradecimiento
por el novel jefe del gremio oficialista, con el para nada democrático
remoquete de “caporal de los trabajadores”, el mandatario nacional descalificó
a la Comisión
Tripartita en su tradicional estilo con el que expropia y
estatiza como la “Comisión Trimaldita”.
Es evidente que no
hizo sino reconfirmar su método unipersonal de caudillo y como tal, debe
ridiculizar toda práctica democrática para justificar sus acciones. En este
caso se lleva por delante un Convenio Internacional de la OIT firmado por el Estado
venezolano, el Nro. 144 que establece la obligatoriedad del diálogo social al
momento de establecerse normas laborales en un país. Es decir no se debe
excluir a ningún sector llámese empleador o de los trabajadores.
El Presidente y su
entorno de la Comisión
encargada de redactar la nueva Ley del Trabajo recurren al manido argumento de
exorcizar a la Tripartita
de 1997, decidida entre tres sectores: por las centrales: la CTV, CODESA, CGT, por los
empleadores: FEDECAMARAS y los representantes del Gobierno de Rafael Caldera,
para justificar la barbaridad que asumirán en los próximos días, donde la mano
zurda del Jefe de Estado decidirá por todos los trabajadores venezolanos.
Por tanto el hecho
de no estar de acuerdo con la decisión de la Comisión Tripartita
de 1997 de reformar la LOT,
no determina que empresarios, trabajadores y Estado dialoguen. Y que este
método sea sustituido o justifique que este Presidente u otro tome la decisión
unilateralmente.
En el trasfondo
cuales son las intenciones verdaderas del Régimen actual sustituir toda muestra
de democracia en las relaciones de trabajo. Por ello me pregunto
¿que es un contrato colectivo?, es también una comisión tripartita donde se
sientan el patrono, el sindicato y el ministerio del trabajo a mejorar las
condiciones de los trabajadores por un tiempo determinado, generando un
documento homologado por el Ministerio del Trabajo.
Al liquidar o
estigmatizar el método tripartito acudimos al viejo refrán venezolano “muerto
el perro se acabó la rabia” y así si entendemos perfectamente por que el
gobierno ha suspendido, retarda y obstaculiza indefinidamente los contratos
colectivos en la administración pública y cuando se realizan en las Empresas
del Estado se debe pedir permiso al Presidente.
Para los
trabajadores no debe resultar extraño lo que se pretende imponer con la
nueva LOT, es el mismo modus operandi con el que se decreta el salario
mínimo anualmente, se decreta unilateralmente aumentos salariales para los
trabajadores de la administración pública, se decreta la seguridad social para
los informales. Decisiones todas cuyo contenido tienen elementos de democracia,
sea en la Asamblea
Nacional o con el sindicato respectivo.
En resumen con la Trimaldita del 1997 los
trabajadores hoy al menos poseen sus fideicomisos a buen resguardo en la banca,
¿que tendremos con la
Unimaldita de 2012?, pronto lo sabremos.
Froilan Barrios
Movimiento Laborista
Estas personas se hacen acreedores de una verdad que solo ellos creen, hablan y hablan y hablan, pero no demuestran nada, no tienen datos técnicos que nos demuestren que lo que dicen no es una de esas malas profecías que ellos utilizan cuando hay un cambio a favor del pueblo, sino recordemos y todo lo que dijeron con el cambio de hora oficial, o con respecto al cambio de moneda, solo blablabla. Por eso aquí les vamos a mostrar todos los estudios serios realizados al respecto que pudimos encontrar desde el año 1997,:
Extracto del Informe de PROVEA con respecto a la reforma laboral de 1997:
Durante 1998,
los derechos humanos de los trabajadores siguieron siendo los más afectados por
las políticas de ajuste estructural y los procesos de globalización económica.
Las promesas de que con el cambio de régimen de prestaciones sociales se
elevarían los salarios y se generarían nuevos empleos fueron abiertamente
incumplidas, y a cambio el deterioro del salario persistió y el incremento del
desempleo se mantuvo.
El análisis
de los derechos humanos laborales que presentamos a continuación, no hace otra cosa
que confirmar que la reforma laboral aprobada en 1997 ha facilitado la
flexibilización de las relaciones laborales, en consonancia con las exigencias
del proceso de globalización de las relaciones económicas y comerciales.
Derecho
a las prestaciones sociales
El
cambio de régimen de prestaciones, tal como fue advertido por Provea y otras organizaciones
sociales que se opusieron a la reforma laboral, no produjo los resultados prometidos
por la Comisión Tripartita. Aquella pregunta que popularizó el Ministro de
Cordiplan, Teodoro Petkoff, acerca de “¿cómo quedo yo ahí? ”, tiene hoy una
evidente respuesta: peor que antes. La Comisión Tripartita y la mayoría del
Congreso que aprobó la reforma laboral aseguraron que con el cambio de régimen
el trabajador obtendría mejores salarios y disminuiría el desempleo: “El nuevo
régimen laboral premia la estabilidad del trabajador en la empresa, facilita
aumentos salariales cónsonos con las necesidades del trabajador y su familia, e
incentiva la inversión del empleador en la formación y capacitación del
trabajador ”
1.
Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta; lo más grave del caso es que se
ha constatado que se ha venido violando el artículo 666 de la reformada Ley
Orgánica del Trabajo (LOT), que establecía el pago de un bono de transferencia
en un plazo máximo de cinco años. Según Carlos Borges, presidente de la
Federación de la Unión de Empleados Públicos (Fedeunep) “hasta ahora ningún
organismo público ha abierto fideicomisos a sus trabajadores ”
2.
El Estado –en sus diferentes instancias– tiene la obligación de cancelar en
efectivo en los primeros seis meses Bs. 50.000 del total de la deuda acumulada
por prestaciones sociales y bono de transferencia y Bs. 100.000 en títulos
públicos garantizados y negociables a corto plazo en el mercado de valores. Los
funcionarios públicos nacionales, estadales y municipales aún esperan por los
pagos respectivos que se les debió hacer. Algunos pocos han recibido apenas el
primer abono de Bs. 25.000. Hasta la fecha, no se ha cumplido ni con el pago en
efectivo ni con la emisión de los títulos que garanticen el pago de la deuda
restante. El Estado está obligado a pagar el saldo del bono de transferencia en
el transcurso de 5 años, contados a partir del momento de entrada en vigencia
de la nueva Ley, lo que pretende hacerse mediante títulos que sólo podrán ser
canjeados por efectivo cuando el trabajador culmine la relación de trabajo.
Extracto las conclusiones de un informe del BCV de Julio de 1997 donde se compararon el regimen laboral derogado en ese año, y el aprobado en la Agenda Venezuela de Rafael Caldera, donde se elimino la retroactividad de las prestacione sociales:
Conclusiones
Con
la reforma parcial a la LOT han surgido opiniones encontradas en cuanto a la
conveniencia para los trabajadores de la aplicación de esta nueva estructura laboral
basada en la eliminación de la retroactividad y en la ampliación de la
definición de salario, entre otros aspectos. La idea básica de la Comisión
Tripartita era flexibilizar las relaciones laborales, eliminando la
retroactividad de forma de mejorar los salarios reales de los trabajadores y
estimular la generación de empleo en las empresas. En el presente trabajo se
demostró que el nuevo régimen laboral está diseñado para un contexto
inflacionario, porque en efecto, se comprobó que para una economía caracterizada
por bajos niveles de inflación le resulta más costoso a las empresas mantener
y/o despedir a un trabajador bajo el nuevo régimen que con el anterior.
Inclusive, autores tales como J.C. Larrañaga (1997) afirman que es un sistema que
«retroalimenta la inflación», dado que al lograr abatir la inflación, surgen
presiones inflacionarias mayores con este régimen que con el antiguo, por la
vía de los costos laborales.
El punto favorable lo constituye el estímulo a los patronos de incrementar la antigüedad de los trabajadores en la empresa, con el objeto de equiparar los costos laborales actuales al régimen anterior, especialmente en un contexto de baja inflación. En cuanto a la afirmación: «la eliminación de la retroactividad para abaratar los despidos», es cuestionable por el simple hecho de que, en algunos casos, despedir al trabajador resulta más costoso bajo este nuevo
esquema laboral que con el antiguo.
El punto favorable lo constituye el estímulo a los patronos de incrementar la antigüedad de los trabajadores en la empresa, con el objeto de equiparar los costos laborales actuales al régimen anterior, especialmente en un contexto de baja inflación. En cuanto a la afirmación: «la eliminación de la retroactividad para abaratar los despidos», es cuestionable por el simple hecho de que, en algunos casos, despedir al trabajador resulta más costoso bajo este nuevo
esquema laboral que con el antiguo.
Otro
aspecto es la composición del salario. Es cierto que al salarizar los bonos se
amplía la base de cálculo para las prestaciones por antigüedad, bono
vacacional, horas extras, preaviso, etc., pero no se puede olvidar que también
se incrementan los aportes de parte del trabajador al Seguro Social Obligatorio
(SSO), Ley de Política Habitacional, Seguro de Paro Forzoso e INCE, que
anteriormente para 1996, se hacían sobre un 28,9% del ingreso mínimo (era la
proporción
que representaba el salario, pues el 71,1% eran bonos) y actualmente se hacen sobre el 100% del mismo. En efecto, el ingreso mínimo disponible, esto es el ingreso mínimo menos descuentos por impuestos de nómina, que reciben los trabajadores actualmente, es menor al que percibían en mayo del presente año, pues en ese momento el ingreso mínimo era de Bs. 75.000, pero los descuentos se hacían sobre la base de Bs. 15.000 (salario mínimo). Actualmente, el ingreso mínimo es igual de Bs. 75.000, pero ahora todo ese ingreso representa salario; es decir, los descuentos se realizan sobre Bs. 75.000 y no sobre Bs. 15.000 como se hacían anteriormente. La estimación de la tasa de inflación (39,5%) que iguala los costos
laborales de los dos regímenes para 1997, sugiere la idea de que los patronos apuestan a altas tasas de inflación, o por lo menos a una inflación para este año superior al 39,5%, por ello habrían aceptado la modificación del régimen; en cambio pareciera que los trabajadores
esperan bajas tasas de inflación, pues bajo este contexto, es mayor su “ingreso” (costo laboral), como contraprestación de su labor.
que representaba el salario, pues el 71,1% eran bonos) y actualmente se hacen sobre el 100% del mismo. En efecto, el ingreso mínimo disponible, esto es el ingreso mínimo menos descuentos por impuestos de nómina, que reciben los trabajadores actualmente, es menor al que percibían en mayo del presente año, pues en ese momento el ingreso mínimo era de Bs. 75.000, pero los descuentos se hacían sobre la base de Bs. 15.000 (salario mínimo). Actualmente, el ingreso mínimo es igual de Bs. 75.000, pero ahora todo ese ingreso representa salario; es decir, los descuentos se realizan sobre Bs. 75.000 y no sobre Bs. 15.000 como se hacían anteriormente. La estimación de la tasa de inflación (39,5%) que iguala los costos
laborales de los dos regímenes para 1997, sugiere la idea de que los patronos apuestan a altas tasas de inflación, o por lo menos a una inflación para este año superior al 39,5%, por ello habrían aceptado la modificación del régimen; en cambio pareciera que los trabajadores
esperan bajas tasas de inflación, pues bajo este contexto, es mayor su “ingreso” (costo laboral), como contraprestación de su labor.
En
definitiva, no está claro hasta qué punto resulta más favorable para los
trabajadores la aplicación de este nuevo esquema, considerando que si se
pretende reducir sustancialmente los niveles de inflación en los próximos años,
los costos laborales bajo el nuevo régimen serían
más elevados que bajo el régimen antiguo; con lo cual la mejora en el salario real de los trabajadores, la generación de empleo y la flexibilización de las relaciones laborales, parecen entonces ser objetivos no tan fácilmente alcanzables.
más elevados que bajo el régimen antiguo; con lo cual la mejora en el salario real de los trabajadores, la generación de empleo y la flexibilización de las relaciones laborales, parecen entonces ser objetivos no tan fácilmente alcanzables.
Y para que podamos conocer como surgio todo esto para el año 1997, les mostramos completo el siguiente informe que recoje todo lo acontecido para llegar a esa situación en el país:
Nueva
Sociedad Nro. 157 Septiembre-Octubre 1998, pp. 125-136
Izquierda
y política en la agenda neoliberal venezolana
Steve
Ellner: profesor de Historia Económica en la Universidad de Oriente
(Anzoátegui,
Venezuela); autor de varios libros y artículos sobre historia y política venezolanas, entre
ellos El sindicalismo en Venezuela en el contexto democrático, 1958-1994, Tropvkos,
Caracas, 1995.
Venezuela); autor de varios libros y artículos sobre historia y política venezolanas, entre
ellos El sindicalismo en Venezuela en el contexto democrático, 1958-1994, Tropvkos,
Caracas, 1995.
Resumen:
Con la aplicación del programa neoliberal durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), la discusión pública sobre las privatizaciones se centró en algunos términos como beneficios laborales, normas ambientales y precio base. La candidatura del comandante Hugo Chávez para las elecciones presidenciales de 1998 ha retomado la posición izquierdista tradicional de definir la industria básica como coto del Estado. El programa electoral de Chávez está enfrentado a tres contrincantes independientes que adoptan un discurso neoliberal. La consolidación del paradigma chavista ha reinstalado saludablemente en la izquierda venezolana temas y propuestas que parecían olvidadas.Durante la década de los 90, partidos políticos venezolanos como Acción Democrática (AD), la Causa R y el Movimiento al Socialismo (MAS), asumieron por momentos posiciones críticas con respecto al neoliberalismo. Pero lejos de ser consecuentes, en cuestiones económicas han variado considerablemente. Además, frente al ferviente apoyo del neoliberalismo a las privatizaciones masivas,
estos partidos no han logrado definir los términos o diseñar una estrategia para la venta de compañías públicas. En cambio, el rechazo popular a las políticas neoliberales ha sido más contundente. El repudio se puso en evidencia con varios acontecimientos notorios. Los disturbios populares de la semana del 27 de febrero de 1989 son un claro ejemplo de ello. Estallaron inmediatamente después del anuncio, por parte del recién electo presidente Carlos Andrés Pérez, de un programa neoliberal que era la antítesis de lo que el pueblo había escuchado como promesa durante su campaña electoral. Las manifestaciones callejeras de 1992 y 1993 para sacar al presidente Pérez tuvieron como principal bandera la oposición al «paquete económico», término peyorativo para su política económica neoliberal.
El triunfo de Rafael Caldera en las elecciones de 1993 reflejó igualmente lo extenso del sentimiento antineoliberal en el país, tal como sucede hoy con el sorprendente ascenso de la candidatura del comandante retirado Hugo Chávez en la campaña presidencial de 1998. En su «Carta de Intención al Pueblo de Venezuela», publicada poco antes de las elecciones de 1993, Caldera se comprometía a evitar la privatización masiva y a analizar, en cambio, «las circunstancias de cada caso y su verdadera necesidad o conveniencia». El programa de gobierno también reclamaba la suspensión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por cuanto constituía «una carga injusta sobre los consumidores de menores recursos». Otra parte del programa con implicaciones radicales era su promesa de «poner especial interés en el desarrollo del mercado nacional» y renegociar enérgicamente la deuda externa y llevar el asunto a la arena internacional.
Una
vez electo para el periodo 1994-1999, Caldera puso en práctica su «Programa de Estabilización y Recuperación Económica», ideado para servir de puente entre el esquema neoliberal de Pérez y un nuevo modelo de desarrollo económico que se incorporaría el Noveno Plan de la Nación. De hecho, los masistas alabaron el programa porque apuntaba en la dirección de una muy necesaria «síntesis entre la decisión transformadora y las
complejidades del mundo actual, entre el ideal socialista y la perennidad de la libertad».
Al mismo tiempo los neoliberales lo criticaron porque persistía en los controles
de cambio, precios, tasas de interés y movimiento de capital, y amenazaba con un retorno al proteccionismo –so pretexto de antidumping– como medidas provisionales. También atacaron fuertemente a Caldera por posponer el aumento de los precios de la gasolina, una postergación que olía a «populismo económico». No solo la economía se enfrió, sino que para 1996 la inflación alcanzó el 103%. El argumento de que el país no tenía otra salida que recurrir
a las fórmulas neoliberales sonaba a cosa conocida. Más tarde, Caldera reaccionó ante las dificultades económicas y políticas de la primera mitad de su mandato dando marcha atrás y adoptando un programa estilo FMI encarnado en la «Agenda Venezuela».
En
1989, Pérez –como Caldera en 1996– había olvidado las políticas intervencionistas de su primer gobierno (1974-1979), y aludiendo a la
devastación económica que Alan García dejara en Perú al enfrentarse al FMI, decía que el neoliberalismo era el único camino a seguir porque «no había alternativas». Sin embargo, las dificultades económicas que enfrentó Caldera en 1994 y 1995 no necesariamente son imputables al hecho de que Venezuela no se guiara por el imperativo de insertarse en la economía global de conformidad con el esquema neoliberal. Una explicación alternativa –aunque parcial– de las dificultades económicas es la crisis bancaria que recibió a Caldera apenas asumió, y que
llevó al gobierno a auxiliar a cinco de los diez mayores bancos del país con una suma de 6.000 millones de dólares. La inestabilidad de las instituciones financieras
se relacionaba directamente con la revocación de los controles financieros bajo el gobierno neoliberal de Pérez.
Las
desventuras políticas de Caldera durante esos años quedaron a la vista en las elecciones estatales y municipales de 1995, cuando su partido, Convergencia ganó solamente en uno de los 22 estados. En contraste, los masistas obtuvieron dos gobernaciones claves, Lara y Aragua, además de Portuguesa y Sucre Al año siguiente. Caldera elegiría al MAS como su principal soporte al otorgarle tres cargos ministeriales. Uno de ellos fue para el teórico izquierdista Teodoro
Petkoff (ministro de Cordiplan); otro líder histórico del partido, Pompeyo Márquez,
recibió el Ministerio de Fronteras.Al
poco tiempo de aceptar el cargo, Petkoff recorrió el país visitando seccionales del MAS para explicar su apoyo a la Agenda Venezuela pese a su parecido con el «paquete económico» de Pérez. Petkoff diría que desde fines de 1994 el MAS solicitaba el levantamiento de los controles, particularmente el de cambio, y
que eran necesarias otras medidas duras para corregir los abusos producidos por más de una década de populismo de AD-Copei, por una parte, y de neoliberalismo de Pérez, por otra. El flamante ministro utilizó tres argumentos básicos como
principal formulador y portavoz de las políticas económicas del gobierno. En primer lugar afirmó que la hiperinflación era una bomba de tiempo que amenazaba la democracia y que por lo tanto había que controlarla a cualquier precio. En segundo lugar, Caldera tenía un mayor compromiso con los programas sociales –basado en sus principios socialcristianos– que Carlos Andrés Pérez, cuyas asignaciones a los sectores no privilegiados se malgastaron debido a las presiones clientelares.
Y
en tercer lugar. Caldera era políticamente más astuto que Pérez, cuya fe ciega en su carisma lo llevó a imponer de manera precipitada políticas de «shock», desdeñando la ardua tarea de lograr un consenso de conformidad con la tradición democrática del país. La manifestación más importante de esa búsqueda de
consenso fue la creación de la Comisión Tripartita, compuesta por representantes de los trabajadores, los empresarios y el gobierno, que reformó el sistema de seguridad social e introdujo aumentos del salario mínimo –una iniciativa que antes partía del gobierno o del Congreso. Debe decirse que los partidarios de Caldera no pierden tiempo en señalar que el papel de la Comisión Tripartita en la concepción de leyes de importancia ha sido señalado como un ejemplo a seguir por otras naciones a escala mundial. Enrique Ochoa Antich: ¿Adiós al MAS?, Caracas, 1997, p. 205.
consenso fue la creación de la Comisión Tripartita, compuesta por representantes de los trabajadores, los empresarios y el gobierno, que reformó el sistema de seguridad social e introdujo aumentos del salario mínimo –una iniciativa que antes partía del gobierno o del Congreso. Debe decirse que los partidarios de Caldera no pierden tiempo en señalar que el papel de la Comisión Tripartita en la concepción de leyes de importancia ha sido señalado como un ejemplo a seguir por otras naciones a escala mundial. Enrique Ochoa Antich: ¿Adiós al MAS?, Caracas, 1997, p. 205.
Aunque Petkoff es el principal vocero gubernamental de la Agenda Venezuela, de inspiración neoliberal, también ha expuesto planteos de izquierda a favor de un Estado fuerte y eficaz y ha cuestionado la infalibilidad y viabilidad de los mecanismos de mercado. En su libro Por qué hago lo que hago, Petkoff defiende su decisión de entrar en el gobierno de Caldera, rechazando el «utopismo» que tradicionalmente ha impedido que los izquierdistas se percaten de los problemas reales de la sociedad: en este caso, la necesidad de defender la democracia del país.Al
justificar la privatización masiva –piedra angular de la Agenda Venezuela–, Petkoff invoca el eslogan asociado con los socialdemócratas alemanes: «Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario». Específicamente, está a favor de que la petrolera Pdvsa y la eléctrica Edelca, que han sido bien administradas, sigan siendo propiedad del Estado, pero aboga por la
privatización de todos los demás sectores. En contraste con el discurso neoliberal, que se opone a la intervención del gobierno en la economía, Petkoff dice que liberar
al Estado de la carga de subsidiar empresas estatales ineficientes le permitirá al mismo inyectarle dinero a áreas claves del crecimiento económico, en particular
el desarrollo de recursos humanos4. La mayor laguna del libro es que no describe
los criterios bajo los cuales deberían venderse las industrias básicas –acero,
hierro y aluminio– y sectores estratégicos –telecomunicaciones. La definición de los términos de las privatizaciones, en particular de la adquisición de los
sectores claves por compañías extranjeras, es actualmente uno de los asuntos más apremiantes para la izquierda latinoamericana. Precisar esos requisitos es necesario para determinar la validez de la autoidentificación de Petkoff como
un vocero de políticas «izquierdistas».
Posiciones
neoliberales e izquierdistas en torno a la privatización
Venezuela tardó en llegar al modelo neoliberal. De hecho, antes de que Pérez asumiera su segunda presidencia ni siquiera la Federación de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) promovía la idea. La prolongada resistencia a esas políticas se debió a su condición como país exportador de petróleo, con suficientes ingresos para subsidiar generosamente tanto a los empresarios como a los sectores no privilegiados, y a la fuerza histórica de la social democracia representada por AD, que mantuvo una posición hegemónica en los sectores obreros y campesinos. La oposición inicial a la primera ola de privatizaciones –que incluyó la empresa de telecomunicaciones (Cantv) en 1991, seguida por la aerolínea estatal Viasa y la descentralización y virtual privatización del sistema portuario– desapareció paulatinamente una vez que se trató de hechos cumplidos. Esas privatizaciones, en particular la de teléfonos, que sirvió de muestra para el proceso, preparó a la opinión pública para el programa de privatización masiva prevista en la Agenda Venezuela. Teodoro Petkoff: Por qué hago lo que hago, Alfadil, Caracas, 1997, pp. 62-74.
Desde 1992 hasta el lanzamiento de la candidatura presidencial de Hugo Chávez para las elecciones de 1998, la oposición a la privatización de las compañías del Estado –con la excepción de la industria petrolera– no fue un polo de referencia para la opinión pública nacional. De los principales partidos políticos venezolanos, la Causa R y Patria Para Todos (PPT, un grupo izquierdista separado de la Causa R) eran los que estaban ubicados más hacia la izquierda en el espectro político. Sin embargo, ni siquiera esos partidos descartaban completamente la privatización. El PPT, por ejemplo, sostenía que la venta de la industria pesada en la región de Guayana debía aguardar hasta la aprobación de un plan de amplia cobertura que definiera y salvaguardara los intereses de largo plazo para la nación.
Venezuela tardó en llegar al modelo neoliberal. De hecho, antes de que Pérez asumiera su segunda presidencia ni siquiera la Federación de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) promovía la idea. La prolongada resistencia a esas políticas se debió a su condición como país exportador de petróleo, con suficientes ingresos para subsidiar generosamente tanto a los empresarios como a los sectores no privilegiados, y a la fuerza histórica de la social democracia representada por AD, que mantuvo una posición hegemónica en los sectores obreros y campesinos. La oposición inicial a la primera ola de privatizaciones –que incluyó la empresa de telecomunicaciones (Cantv) en 1991, seguida por la aerolínea estatal Viasa y la descentralización y virtual privatización del sistema portuario– desapareció paulatinamente una vez que se trató de hechos cumplidos. Esas privatizaciones, en particular la de teléfonos, que sirvió de muestra para el proceso, preparó a la opinión pública para el programa de privatización masiva prevista en la Agenda Venezuela. Teodoro Petkoff: Por qué hago lo que hago, Alfadil, Caracas, 1997, pp. 62-74.
Desde 1992 hasta el lanzamiento de la candidatura presidencial de Hugo Chávez para las elecciones de 1998, la oposición a la privatización de las compañías del Estado –con la excepción de la industria petrolera– no fue un polo de referencia para la opinión pública nacional. De los principales partidos políticos venezolanos, la Causa R y Patria Para Todos (PPT, un grupo izquierdista separado de la Causa R) eran los que estaban ubicados más hacia la izquierda en el espectro político. Sin embargo, ni siquiera esos partidos descartaban completamente la privatización. El PPT, por ejemplo, sostenía que la venta de la industria pesada en la región de Guayana debía aguardar hasta la aprobación de un plan de amplia cobertura que definiera y salvaguardara los intereses de largo plazo para la nación.
Los
principales actores del debate sobre la privatización han seguido dos estrategias opuestas –a la de los neoliberales radicales y a la de los «no dogmáticos»– con importantes implicaciones para los trabajadores. La posición
no dogmática, puede catalogarse de «izquierdista». Se define por su rechazo a la
estrategia neoliberal, y por lo tanto se ilustra mejor con una discusión de las posiciones neoliberales sobre la privatización.Para los neoliberales, en vez del precio «base» (precio mínimo establecido por el
gobierno), le correspondería al mercado determinar el valor definitivo de las empresas a privatizar. Aceptan que se fije un precio base, pero sólo para evitar recelos de la opinión pública en cuanto al manejo del proceso, e insisten en que la cantidad (en palabras del miembro del gabinete de Carlos Andrés Pérez a cargo de la privatización) sea «la menor que el gobierno esté dispuesto a aceptar para
atraer... el mayor número de ofertas». Los neoliberales criticaron duramente el gobierno de Caldera cuando se declararon desiertas las licitaciones para la privatización de la aerolínea Aeropostal en 1994, y de las empresas del aluminio en 1998. En el primer caso, culparon a Abdón Vivas Terán, en ese entonces de tendencia izquierdista y presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), de intentar sabotear el proceso fijando el precio base en 62 millones de dólares, 22 por encima del valor estimado de la empresa. Inmediatamente después del fracaso de la licitación, Caldera relevó a Vivas Terán. En el segundo caso, cuasi-neoliberales como el dos veces candidato presidencial Claudio Fermín, señalaron que el precio base de 2.100 millones de dólares era excesivo y que el retiro de empresas multinacionales como Alcoa y Reynolds, entre otras, era una prueba de que el gobierno no tenía un verdadero interés en la privatización.
estrategia neoliberal, y por lo tanto se ilustra mejor con una discusión de las posiciones neoliberales sobre la privatización.Para los neoliberales, en vez del precio «base» (precio mínimo establecido por el
gobierno), le correspondería al mercado determinar el valor definitivo de las empresas a privatizar. Aceptan que se fije un precio base, pero sólo para evitar recelos de la opinión pública en cuanto al manejo del proceso, e insisten en que la cantidad (en palabras del miembro del gabinete de Carlos Andrés Pérez a cargo de la privatización) sea «la menor que el gobierno esté dispuesto a aceptar para
atraer... el mayor número de ofertas». Los neoliberales criticaron duramente el gobierno de Caldera cuando se declararon desiertas las licitaciones para la privatización de la aerolínea Aeropostal en 1994, y de las empresas del aluminio en 1998. En el primer caso, culparon a Abdón Vivas Terán, en ese entonces de tendencia izquierdista y presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), de intentar sabotear el proceso fijando el precio base en 62 millones de dólares, 22 por encima del valor estimado de la empresa. Inmediatamente después del fracaso de la licitación, Caldera relevó a Vivas Terán. En el segundo caso, cuasi-neoliberales como el dos veces candidato presidencial Claudio Fermín, señalaron que el precio base de 2.100 millones de dólares era excesivo y que el retiro de empresas multinacionales como Alcoa y Reynolds, entre otras, era una prueba de que el gobierno no tenía un verdadero interés en la privatización.
Algunos
neoliberales, inspirados por un sindicalismo estilo norteamericano, señalan que la privatización transforma el movimiento obrero al cortar los
vínculos con el Estado y los partidos políticos, que fomentan el clientelismo y la
corrupción.
Eduardo Fernández, quien aspiraba a representar al partido Copei en las elecciones presidenciales de 1998, expresó ese punto de vista cuando le dijo a sindicalistas copeyanos que debían seguir un rumbo «agresivo», pero evitando vinculaciones partidistas y absteniéndose de «ir a las puertas de Miraflores a implorarle al gobierno que decrete aumentos salariales artificiales». Añadió
que los trabajadores no tenían nada que temer de los avances tecnológicos y de la privatización. A la larga esos cambios les favorecerían, por lo tanto los
líderes sindicales no debían considerar automáticamente todo despido como motivado por la codicia empresarial; lo que los trabajadores perderían en la indemnización
por despido, y otros beneficios legales, producto del paternalismo del Estado sería más que compensado por los aumentos salariales. Irónicamente, algunos de los neoliberales radicales expresaron simpatía por el sindicalismo combativo practicado por ciertos movimientos con un discurso antipartidista y anticlientelista, como la Causa R, que desafiaba abiertamente
a la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) dominada por AD. Estos neoliberales recomendaban a los ejecutivos empresariales que «estimularan» un sindicalismo al estilo Causa R. Consideraban que ese tipo de movimiento obrero rinde más cuenta a las bases, sobre todo en cuestiones de finanzas sindicales, y que rechaza la práctica –conocida como «costa contractual»– de presionar a las empresas para suscribir gastos sindicales, al tiempo que atribuye menos importancia a las cláusulas sindicales en el área de contratación.
La posición de los neoliberales radicales representa un caso extremo, pero en la práctica muchos de los que se identifican con el neoliberalismo no siguen un enfoque tan rígido. Algunos aceptan que el gobierno supervise y fije pautas para empresas recién privatizadas en lo que se refiere a inversiones y transferencia tecnológica, particularmente en el área de los servicios públicos. Sin embargo, no llegan al extremo de aceptar metas de cumplimiento obligatorio impuestas por el Estado, ni una regulación estatal continua. Criticaron al Congreso por haber citado en numerosas ocasiones al entonces presidente de la recién privatízada Cantv para interrogarlo sobre ciertas políticas de los nuevos dueños de la compañía.
La posición flexible, «no dogmática», está a favor de establecer una serie de requisitos y condiciones que debe cumplir el capital foráneo, en vez de confiar incondicionalmente en los mecanismos de mercado. De hecho, antes del triunfo de Caldera en 1993, Petkoff defendió esa política calificándola de «pragmática».
Se opuso a la venta masiva de las empresas estatales, al mismo tiempo que exigió al gobierno que mantuviera una presencia efectiva en las industrias que fueran privatizadas.
La posición de los neoliberales radicales representa un caso extremo, pero en la práctica muchos de los que se identifican con el neoliberalismo no siguen un enfoque tan rígido. Algunos aceptan que el gobierno supervise y fije pautas para empresas recién privatizadas en lo que se refiere a inversiones y transferencia tecnológica, particularmente en el área de los servicios públicos. Sin embargo, no llegan al extremo de aceptar metas de cumplimiento obligatorio impuestas por el Estado, ni una regulación estatal continua. Criticaron al Congreso por haber citado en numerosas ocasiones al entonces presidente de la recién privatízada Cantv para interrogarlo sobre ciertas políticas de los nuevos dueños de la compañía.
La posición flexible, «no dogmática», está a favor de establecer una serie de requisitos y condiciones que debe cumplir el capital foráneo, en vez de confiar incondicionalmente en los mecanismos de mercado. De hecho, antes del triunfo de Caldera en 1993, Petkoff defendió esa política calificándola de «pragmática».
Se opuso a la venta masiva de las empresas estatales, al mismo tiempo que exigió al gobierno que mantuviera una presencia efectiva en las industrias que fueran privatizadas.
El
enfoque no dogmático forma parte de una estrategia tradicional basada en demandas progresivas, donde el gobierno venezolano obligaba a las compañías petroleras extranjeras a pagar impuestos paulatinamente más altos, a contratar venezolanos para puestos con conocimientos especializados y a cumplir medidas conservacionistas, en especial respecto a la quema de gas. La lucha de medio siglo que puso de manifiesto el nacionalismo económico y condujo a una participación cada vez más activa en las decisiones de la industria, culminó
con la nacionalización del petróleo en 1976. Los más firmes defensores de la
estrategia eran seguidores de la socialdemocracia (en el caso de AD) y del marxismo; así que, puesta en el contexto histórico, la posición «no dogmática» sobre la privatización y la política económica puede catalogarse como «izquierdista». Sin embargo, a diferencia de los socialdemócratas y marxistas de ayer (quienes plantearon la vía pacífica y no-pacífica al socialismo, respectivamente) los pragmáticos de hoy no tienen una visión o una estrategia a largo plazo. Un ejemplo es el planteo de congresistas socialdemócratas y de otras tendencias para que el Estado venezolano mantuviera una «acción dorada» en las empresas mixtas bajo el esquema de la apertura petrolera. Nunca ha sido claro si el objetivo de la acción dorada es asegurar al Estado venezolano el derecho de veto en una decisión de mucha trascendencia, como en caso de guerra (situación afortunadamente poco probable), o si la idea es participar en las decisiones
diarias de la empresa.
La
diferencia más importante entre los neoliberales y los no dogmáticos es que estos últimos no ven la privatización como un imperativo. Su disposición a considerar otras opciones diferenciaba claramente a las dos corrientes durante
la discusión sobre la privatización de las industrias del acero (Sidor) y el
aluminio. Cuando en marzo de 1998 fracasó la subasta de la Corporación Aluminios de Venezuela, líderes sindicales y opositores del gobierno pidieron que se consideraran arreglos alternativos, incluyendo la creación de compañías mixtas
y «asociaciones estratégicas» con el capital privado, lo cual constituía una
modalidad nueva en la industria petrolera. T. Petkoff: «Privatización: no existe ley que norme el proceso» en Punto, 29/11/1990, p3.
modalidad nueva en la industria petrolera. T. Petkoff: «Privatización: no existe ley que norme el proceso» en Punto, 29/11/1990, p3.
La
revista pro-adeca Zeta asumió esta posición y trató de convencer al candidato presidencial de AD, Luis Alfaro Ucero, de que se manifestara sobre el asunto,
para quitarle piso a la candidatura de Chávez. La revista señalaba que los complejos del aluminio se le habían entregado en perfectas condiciones a Pérez al inicio
de su segundo mandato, insinuando que el reciente deterioro había sido intencional para presionar por la privatización. Con el argumento de que el apoyo a la privatización no puede ser «incondicional» la revista ad vertía que los compradores potenciales habían endurecido sus demandas: un periodo de gracia de dos años para el pago de la deuda de la corporación el despido de mil trabajadores antes de la privatización, concesiones para la explotación de bauxita durante 20 años más, mayor «flexibilidad» en cuanto a los «pasivos
ambientales», y precios especiales para la electricidad de parte de la compañía estatal
Edelca. El actual presidente del FIV, Alberto Poletto, a cargo del proceso de
privatización, intentó refutar la posición no dogmática. Conforme a la estrategia neoliberal
que asignaba máxima prioridad a la privatización, Poletto argumentó que el continuo deterioro de la Corporación Aluminios de Venezuela exigía una solución inmediata. Se oponía a otras opciones de la privatización, porque tendrían que
ser llevadas al congreso para su aprobación. Poletto afirmaba también que la privatización era la única modalidad que permitía la inamovilidad laboral
–nunca se aceptó la propuesta sindical de seis meses de estabilidad numérica–, la venta
de 20% de las acciones de la compañía a los trabajadores y otros beneficios laborales de la propuesta original que el FIV seguía defendiendo.
Las comisiones del Congreso han sido un escenario clave para la articulación de la posición no dogmática. Congresistas de todos los partidos, incluyendo el MAS, AD y –en menor grado– Copei, han cuestionado seriamente varios aspectos de los programas de privatización de Pérez y Caldera. En el Congreso Luis Raúl Matos Azocar (entonces presidente de la Comisión para las Privatizaciones) junto con parlamentarios del MAS y de la Causa R plantearon serias objeciones a la privatización de la Cantv en 1991 y a la Ley de Privatización que introdujo al mismo tiempo Pérez.
Las comisiones del Congreso han sido un escenario clave para la articulación de la posición no dogmática. Congresistas de todos los partidos, incluyendo el MAS, AD y –en menor grado– Copei, han cuestionado seriamente varios aspectos de los programas de privatización de Pérez y Caldera. En el Congreso Luis Raúl Matos Azocar (entonces presidente de la Comisión para las Privatizaciones) junto con parlamentarios del MAS y de la Causa R plantearon serias objeciones a la privatización de la Cantv en 1991 y a la Ley de Privatización que introdujo al mismo tiempo Pérez.
Durante
el gobierno de Caldera el debate parlamentario detuvo la privatización de las empresas de la CVG por tanto tiempo que poco antes de la venta de Sidor los círculos empresariales extranjeros casi descartaron la posibilidad de que la industria básica fuera privatizada antes de las elecciones de 199810. En
esencia el Ejecutivo ha insistido más que el Congreso en una privatización masiva y otras políticas neoliberales. La propuesta de Chávez de disolver el Congreso y
convocar una Asamblea Constituyente no toma en cuenta esas diferencias. El planteo complace a la opinión pública y a ciertos sectores conservadores vinculados al mundo empresarial, que usan a los partidos políticos venezolanos y al Congreso como chivos expiatorios de las dificultades del país. Gonzalo Galván: La nación, AD y las transnacionales» en Zeta 2-14/4/1998, p.
22. The Economist, 22/3/1997, p.52
La candidatura del comandante Chávez.
Durante
los años de la cárcel transcurridos después de su sublevación el 4 de febrero de 1992, Chávez y sus seguidores militares comenzaron a establecer contactos con civiles, incluyendo a pequeños grupos izquierdistas. Al principio
su organización política abogaba por el abstencionismo, pero en una convención extraordinaria en abril de 1997 optó por participar en las elecciones
nacionales de 1998.
Al
comienzo de su campaña se puso en tela de juicio el compromiso de Chávez con la democracia, en gran parte por miedo a lo desconocido o «un salto al
vacío» (palabras usadas con frecuencia por sus rivales). Sus adversarios explotaron varias características de su movimiento. Su lenguaje y algunos de sus planteamientos les permitieron despertar dudas sobre su dedicación a la democracia. Por ejemplo, su propuesta sobre una Asamblea Constituyente para sustituir al Congreso generó temores de que eso le permitiera arrogarse poderes ilimitados, sobre todo porque la Constitución venezolana no contempla esa
opción. Por otra parte, para algunos resultaba además preocupante el hecho de que a los militares retirados –en especial a los que participaron en los dos intentos de
golpe de Estado de 1992– se les diera una posición privilegiada en la estructura de
Chávez a nivel nacional y, en menor grado, a nivel regional.
En el transcurso de la campaña, la agrupación de Chávez (Movimiento Quinta República, MVR) ha ido moderando su retórica y sus posiciones, sin abandonar su actitud radical. Al principio el apoyo a su candidatura se limitaba al partido de tendencia izquierdista PPT, al Partido Comunista (PCV), mucho más pequeño, y a varios grupos de ultraizquierda incluyendo al ex-guerrillero Bandera Roja, más tarde rechazado por el MVR. El inesperado respaldo del MAS en su convención de junio ayudó a atenuar su imagen de rebelde intransigente y a desechar las dudas en cuanto a su compromiso con el sistema democrático. Poco antes de la convención ningún líder nacional del MAS apoyaba la candidatura de Chávez y sólo uno, Freddy Díaz –luego designado jefe de campaña del MAS a nivel nacional– sostenía vigorosamente que el partido no debía descartar esa opción. Otros líderes del partido estaban divididos entre los tres rivales independientes de Chávez: Irene Sáez –apoyada por Copei y, hasta julio, por la Causa R–, Henrique Salas Römer –ex-gobemador de Carabobo– y Claudio Fermín –anterior alcalde de Caracas. Estos tres candidatos alcanzaron prominencia nacional como alcaldes o gobernadores, comparten el discurso del MAS que hace énfasis en la descentralización, y en varias medidas defienden el neoliberalismo. Varios factores explican ese cambio abrupto en el MAS. El más importante quizá sea que Chávez cuenta con un respaldo considerable entre las bases del partido. Según una encuesta realizada por el politólogo estadounidense David Myers, más del 40% de los miembros estaba a favor de su candidatura. De hecho, Leopoldo Puchi, que antes apoyaba a Irene, reconoció que la base le había impuesto al partido la candidatura de Chávez. En segundo lugar, Puchi y otros líderes del MAS decidieron que la posición de centroizquierda en el espectro político, abandonada por el partido al defender la Agenda Venezuela, era un terreno fértil y con pocos competidores.
En el transcurso de la campaña, la agrupación de Chávez (Movimiento Quinta República, MVR) ha ido moderando su retórica y sus posiciones, sin abandonar su actitud radical. Al principio el apoyo a su candidatura se limitaba al partido de tendencia izquierdista PPT, al Partido Comunista (PCV), mucho más pequeño, y a varios grupos de ultraizquierda incluyendo al ex-guerrillero Bandera Roja, más tarde rechazado por el MVR. El inesperado respaldo del MAS en su convención de junio ayudó a atenuar su imagen de rebelde intransigente y a desechar las dudas en cuanto a su compromiso con el sistema democrático. Poco antes de la convención ningún líder nacional del MAS apoyaba la candidatura de Chávez y sólo uno, Freddy Díaz –luego designado jefe de campaña del MAS a nivel nacional– sostenía vigorosamente que el partido no debía descartar esa opción. Otros líderes del partido estaban divididos entre los tres rivales independientes de Chávez: Irene Sáez –apoyada por Copei y, hasta julio, por la Causa R–, Henrique Salas Römer –ex-gobemador de Carabobo– y Claudio Fermín –anterior alcalde de Caracas. Estos tres candidatos alcanzaron prominencia nacional como alcaldes o gobernadores, comparten el discurso del MAS que hace énfasis en la descentralización, y en varias medidas defienden el neoliberalismo. Varios factores explican ese cambio abrupto en el MAS. El más importante quizá sea que Chávez cuenta con un respaldo considerable entre las bases del partido. Según una encuesta realizada por el politólogo estadounidense David Myers, más del 40% de los miembros estaba a favor de su candidatura. De hecho, Leopoldo Puchi, que antes apoyaba a Irene, reconoció que la base le había impuesto al partido la candidatura de Chávez. En segundo lugar, Puchi y otros líderes del MAS decidieron que la posición de centroizquierda en el espectro político, abandonada por el partido al defender la Agenda Venezuela, era un terreno fértil y con pocos competidores.
Finalmente,
la decisión de Puchi de retirarle su apoyo a Irene coincidió con la salida del MAS de la «triple alianza» anti-AD, que agrupaba también a Copei y
la Causa R, y que parecía un útil trampolín para la candidatura de Sáez. La
alianza fue creada para combatir el clientelismo y la corrupción simbolizada por AD,
pero dejaba de lado los asuntos socioeconómicos. Con el respaldo a Chávez, la dirigencia nacional del MAS desechó las alianzas municipales y estaduales con AD que en el pasado les habían facilitado triunfos en varias partes del país. Esta candidatura chavista contribuyó a poner los asuntos de política económica
en el centro del debate nacional. Las posiciones críticas y progresistas de un
puñado de parlamentarios de partidos tales como el MAS –en el caso del ex-presidente partidario Gustavo Márquez– y AD –en el caso de Matos Azocar– con respecto a la privatización no contaban con la defensa de sus respectivos partidos, y ni siquiera necesariamente con su aprobación11. Más aún, los asuntos que planteaban no se discutían de manera interna.
Chávez
retomó la defensa del artículo 97 de la Constitución, que reserva el control de las industrias básicas para el Estado, una posición asociada históricamente
con la izquierda y los socialdemócratas. El MVR declara fuera del alcance del
capital privado los sectores estratégicos, incluyendo la tecnología militar. El
programa le asigna las instituciones financieras y los bienes de consumo básicos al capital «mixto» con una fuerte participación y regulación del Estado, mientras la producción de bienes no esenciales se reserva para el sector privado.
En forma similar, la propuesta chavista para la renegociación de la parte no estructurada de la deuda externa, y una posible «moratoria negociada», replantea proposiciones de los años 80 que durante la presente década han sido excluidas, desafortunadamente, del debate público en casi toda América Latina. Varias posiciones de Chávez y sus partidarios son contradictorias o se prestan a diversas interpretaciones. Puchi (MAS), por ejemplo, deja abierta la posibilidad de que el Congreso continúe sus funciones por un periodo indefinido después de convocada la Asamblea Constituyente, mientras otras declaraciones de miembros de la campaña dejan en claro que una institución reemplazará a la otra. Además, no se sabe si la propuesta chavista sobre una moratoria de la deuda extema no estructurada será por mutuo acuerdo, como él lo plantea. Dada la insistencia de Chávez en que la carga de la deuda resulta abrumadora, como presidente podría optar por una acción unilateral. Sus socios en el PPT han hecho una fuerte campaña en favor del desconocimiento del componente ilegal de la deuda.
Finalmente la promesa de Chávez de reconocerlos contratos ya firmados para la privatización de la industria básica, y para la participación privada en la industria petrolera, tampoco es muy clara. A pesar de esa garantía, Chávez advierte que los contratos serán examinados a fondo y si se detectan cláusulas ilegales serán modificados. En otras oportunidades ha señalado que la devastación ecológica y el empleo de trabajadores extranjeros en lugar de venezolanos también podrían ser motivo de revisión. De hecho, Pablo Medina, jefe máximo del PPT, afirmó que la privatización de la Cantv en sí es ilegal y que por lo tanto debería revocarse. El ataque verbal de Chávez al sistema político de la nación, conocido como «partidocracia» –los partidos dominan el gobierno y la sociedad civil– se presta a acusaciones de autoritarismo, aspecto que sus cuatro principales contendores explotan al máximo. En contraste con el discurso antipartidista de Chávez, que llega a su máxima expresión con la propuesta de suprimir el Congreso, en otros países latinoamericanos tales como México, Brasil y Argentina partidos políticos bien establecidos han sido el vehículo para un resurgimiento de la izquierda en años recientes.
Las
relaciones de Chávez con el MAS pueden describirse como simbióticas y al mismo tiempo frágiles. El énfasis del MAS en la democracia y la
descentralización debe ayudar a disipar la idea de que Chávez defiende la tradición centralizada
del país. Al mismo tiempo, la crítica chavista al neoliberalismo debe forzar al MAS
a reexaminar sus posiciones en materia de política económica y posiblemente a formular una autocrítica sobre el respaldo del partido a la Agenda Venezuela. Dada la abierta identificación de muchos de los líderes masistas –como el presidente partidario Felipe Mujica– con el neoliberalismo, esa introspección y rectificación se vuelven aún más apremiantes.
Si Chávez influye en los izquierdistas para que examinen, discutan y reformulen sus posiciones sobre política económica, y en lo particular sobre las privatizaciones, su candidatura tendrá un papel constructivo, independientemente de los resultados de las elecciones. Desde que abandonó su defensa a ultranza del sector estatal, lo que se consideraba un instrumento para alcanzar la anhelada meta del socialismo, la izquierda no ha logrado fijar criterios para la relación que debe existir entre el Estado y los sectores productivos de la economía. En el mejor de los casos, la política de la izquierda fue lo que Petkoff –antes del viraje del MAS hacia el centro durante el gobierno de Caldera– llamó con aprobación una política «pragmática», que consistía en maximizar los beneficios del Estado pero sin establecer una estrategia viable ni metas de largo plazo. Una tarea fundamental para la izquierda venezolana y del resto de América Latina es ir más allá del pragmatismo. El intento de Chávez de definir áreas reservadas para el capital estatal, y su insistencia en revisar contratos con el sector privado para detectar violaciones de la legislación actual y de normas ecológicas y laborales, apunta en la dirección correcta. Pablo Medina, entrevista personal, Caracas, 22 de junio de 1998.
Finalmente nos toca a nosotros los venezolanos decidir con nuestra capacidad propia de analisis que es lo que mas conviene a los trabajadores, no a las empresas ni al gobierno.
Y no aceptar que otros hablen o decidan por nosotros. Como buen ejemplo ironico, para no andar copiando sistemas ajenos, cuando hoy algunos confundidos marchan en Venezuela para que no les devuelvan la retroactividad en las prestaciones y otras tantas mejoras, en España y otros paises europeos marchan para que les den empleo. Considero personalmente que ahora si, nuestras barbas están en buen remojo.
Y no aceptar que otros hablen o decidan por nosotros. Como buen ejemplo ironico, para no andar copiando sistemas ajenos, cuando hoy algunos confundidos marchan en Venezuela para que no les devuelvan la retroactividad en las prestaciones y otras tantas mejoras, en España y otros paises europeos marchan para que les den empleo. Considero personalmente que ahora si, nuestras barbas están en buen remojo.
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