¿Golpe de Estado en Bolivia?
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REALIDAD
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Por DAVID UGARTE
Diálogo crítico con el Manifiesto de la Red de intelectuales y artistas en defensa de la Humanidad
¿Golpe de Estado en Bolivia?
Pablo Stefanoni (Rebelión)
¿Estos días hubo un intento de golpe de estado en Bolivia?
Un grupo de intelectuales firmaron esta semana un manifiesto llamado “Paremos el golpe de Estado en Bolivia” (www.rebelion.org/noticia.php?id=152087). Sin duda, cualquier motín policial es un acto sedicioso, porque los policías son un grupo armado y no pueden (en teoría) usar las armas que les dio “la sociedad” para sus reclamos sectoriales, incluyendo los salariales. Pero de ahí a un golpe planificado hay un trecho. Da la impresión que basta circular un manifiesto que denuncie un golpe para que sea firmado casi de inmediato por algunos intelectuales que respaldan honestamente el proceso de cambio. Al punto que ya hay un cierto acto reflejo: conflictos sociales=golpe.
Eso viene empobreciendo sensiblemente los análisis de coyuntura de gran parte de las izquierdas radicales, que vuelcan acríticamente sus lecturas de la realidad en los moldes del antagonismo patria/antipatria de matriz nacionalista. Y hace tiempo que sabemos que ese nacionalismo tiene varias facetas, movilizantes y regimentadoras, democratizantes y organicistas… Volviendo al tema: ¿en Bolivia hubo un intento de golpe de estado?
El conflicto comenzó el 18 de junio con una huelga de mujeres de policías y continuó con un motín de los policías rasos. Esos motines no son nuevos en Bolivia, el último de gran magnitud ocurrió en febrero de 2003, y puso en jaque al gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. En ese entonces la izquierda apoyó a los amotinados que rechazaban un impuesto a los salarios y reclamaban mejoras laborales, y se planteó una suerte de alianza popular-policial. Ese motín fue brutalmente reprimido por las FFAA con un saldo de una treintena de muertos, y reactualizó la histórica enemistad entre policías y militares.
Esta vez hubo todo tipo de desbordes, incluyendo el saqueo de una oficina de inteligencia, destrucción de cuadros presidenciales pistola en mano e insultos a Evo Morales, llamado “pisacoca” por los amotinados concentrados amenazantes frente al Palacio Quemado. Pero no hubo saqueos, lo que da cuenta de que la realidad social es muy diferente a los años 2000.
No se trata, como busca la derecha y sus medios, de minimizar lo ocurrido, sino de tratar de entender por qué se repiten este tipo de hechos. Y enmarcar este motín en el contexto boliviano, en una realidad que el actual proceso de cambio se propone transformar. La policía boliviana está precarizada, lumpenizada y trabaja en condiciones a menudo inhumanas. Situación que reclama a gritos una reforma policial profunda e integral.
La policía fue históricamente la vía de movilidad social campesina y no es raro que los policías rasos sean tratados de indios de mierda por automovilistas de clase media. Sus salarios, hasta ahora de menos de 200 dólares mensuales, son aumentados con coimas, a veces de montos ridículos y humillantes. Si en los 50 la policía quedó del lado del bando revolucionario y las FFAA fueron casi destruidas, hoy el gobierno prefiere mantener una alianza campesina-militar que coloca a la Policía en un segundo lugar. Finalmente, son esos los policías que reprimen y muchas veces matan a manifestantes populares, por una mezcla de mala formación, armas inadecuadas y resentimientos varios.
En los conflictos sociales puede verse a policías llevando a los heridos a pie por falta de medios de transporte y no es raro que sean enviados a sitios alejados sin viáticos, camas para dormir ni abrigos adecuados (a falta de los cuales apelan a encender fogatas y cubrirse con frazadas). Además deben comprarse sus materiales de trabajo, incluyendo armas reglamentarias, y según declaraciones difundidas en la prensa lo hacen en el mercado negro. Pero además existe un fuerte resentimiento de las clases bajas policiales respecto a la jerarquía, a menudo implicados en corrupciones y mafias de mayor calado.
A todo esto se suma la facilidad para que los conflictos en Bolivia se desborden, y que incluso haya sectores interesados en generar muertes para conseguir sus demandas. Se trata de sistemas de incentivos a ciertas formas de lucha construidos a lo largo de la historia. En Bolivia esos incentivos conducen siempre a la acción directa, y no fue diferente estos días con el motín policial, a sabiendas de que no serían reprimidos.
A diferencia de otros países la distancia entre la calle y el Palacio a menudo parece demasiado corta. Las instituciones son débiles y las mediaciones (y capacidad de negociación) deficitarias. Además, los muertos suelen generar un “efecto indignación” de imprevisibles consecuencias para el gobierno de turno. Esos temores hicieron retroceder a Evo Morales en ocasión del gasolinazo en 2010/2011 o el rechazo a la carretera por el TIPNIS y el aumento del horario de trabajo de trabajo de los médicos en 2012.
En este caso, hablar de un frente desestabilizador que va desde policías a los manifestantes en contra de la carretera por el TIPNIS –más allá del debate sobre ese movimiento que presenta muchos pliegues- implica cerrar demasiado debates que más bien deben abrirse, vinculados al modelo de desarrollo por el cual debe optar Bolivia.
Los golpes en Honduras y Paraguay no son comparables sin más con las situaciones en Bolivia, Ecuador o Venezuela. Menos aún con la realidad de Siria o Libia (como sostiene un “Llamado a la red de Intelectuales y artistas en Defensa de la Humanidad" firmado por Stella Calloni que circuló recientemente en rechazo a la intervención extranjera y en apoyo a la dictadura de Bashar al Assad en Siria).
¿No será hora de empezar a afrontar con madurez los conflictos sociales que existieron, existen y existirán en nuestras sociedades plurales?: si los policías tienen demandas legítimas, como sostuvo el propio gobierno boliviano, se trata de agotar los medios para resolverlas antes que las cosas se desmadren, y en Bolivia se desmadran rápido...
Pero el manifiesto antigolpista pasó por por alto las realidades sociológicas y muchos intelectuales críticos suspenden su lugar para volverse “intelectuales-voceros”… Eso tiene sentido cuando en verdad estamos frente a un golpe, pero no cuando justamente se necesita mayor creatividad para superar los problemas que enfrentan procesos de cambio que ya no son nuevos ni refieren solamente a la derecha, por lo demás muy debilitada en Bolivia. Esa lógica de la guerra fría no funcionó ayer y no funcionará hoy.
http://www.rebelion.org/noticia.php...
Un grupo de intelectuales firmaron esta semana un manifiesto llamado “Paremos el golpe de Estado en Bolivia” (www.rebelion.org/noticia.php?id=152087). Sin duda, cualquier motín policial es un acto sedicioso, porque los policías son un grupo armado y no pueden (en teoría) usar las armas que les dio “la sociedad” para sus reclamos sectoriales, incluyendo los salariales. Pero de ahí a un golpe planificado hay un trecho. Da la impresión que basta circular un manifiesto que denuncie un golpe para que sea firmado casi de inmediato por algunos intelectuales que respaldan honestamente el proceso de cambio. Al punto que ya hay un cierto acto reflejo: conflictos sociales=golpe.
Eso viene empobreciendo sensiblemente los análisis de coyuntura de gran parte de las izquierdas radicales, que vuelcan acríticamente sus lecturas de la realidad en los moldes del antagonismo patria/antipatria de matriz nacionalista. Y hace tiempo que sabemos que ese nacionalismo tiene varias facetas, movilizantes y regimentadoras, democratizantes y organicistas… Volviendo al tema: ¿en Bolivia hubo un intento de golpe de estado?
El conflicto comenzó el 18 de junio con una huelga de mujeres de policías y continuó con un motín de los policías rasos. Esos motines no son nuevos en Bolivia, el último de gran magnitud ocurrió en febrero de 2003, y puso en jaque al gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. En ese entonces la izquierda apoyó a los amotinados que rechazaban un impuesto a los salarios y reclamaban mejoras laborales, y se planteó una suerte de alianza popular-policial. Ese motín fue brutalmente reprimido por las FFAA con un saldo de una treintena de muertos, y reactualizó la histórica enemistad entre policías y militares.
Esta vez hubo todo tipo de desbordes, incluyendo el saqueo de una oficina de inteligencia, destrucción de cuadros presidenciales pistola en mano e insultos a Evo Morales, llamado “pisacoca” por los amotinados concentrados amenazantes frente al Palacio Quemado. Pero no hubo saqueos, lo que da cuenta de que la realidad social es muy diferente a los años 2000.
No se trata, como busca la derecha y sus medios, de minimizar lo ocurrido, sino de tratar de entender por qué se repiten este tipo de hechos. Y enmarcar este motín en el contexto boliviano, en una realidad que el actual proceso de cambio se propone transformar. La policía boliviana está precarizada, lumpenizada y trabaja en condiciones a menudo inhumanas. Situación que reclama a gritos una reforma policial profunda e integral.
La policía fue históricamente la vía de movilidad social campesina y no es raro que los policías rasos sean tratados de indios de mierda por automovilistas de clase media. Sus salarios, hasta ahora de menos de 200 dólares mensuales, son aumentados con coimas, a veces de montos ridículos y humillantes. Si en los 50 la policía quedó del lado del bando revolucionario y las FFAA fueron casi destruidas, hoy el gobierno prefiere mantener una alianza campesina-militar que coloca a la Policía en un segundo lugar. Finalmente, son esos los policías que reprimen y muchas veces matan a manifestantes populares, por una mezcla de mala formación, armas inadecuadas y resentimientos varios.
En los conflictos sociales puede verse a policías llevando a los heridos a pie por falta de medios de transporte y no es raro que sean enviados a sitios alejados sin viáticos, camas para dormir ni abrigos adecuados (a falta de los cuales apelan a encender fogatas y cubrirse con frazadas). Además deben comprarse sus materiales de trabajo, incluyendo armas reglamentarias, y según declaraciones difundidas en la prensa lo hacen en el mercado negro. Pero además existe un fuerte resentimiento de las clases bajas policiales respecto a la jerarquía, a menudo implicados en corrupciones y mafias de mayor calado.
A todo esto se suma la facilidad para que los conflictos en Bolivia se desborden, y que incluso haya sectores interesados en generar muertes para conseguir sus demandas. Se trata de sistemas de incentivos a ciertas formas de lucha construidos a lo largo de la historia. En Bolivia esos incentivos conducen siempre a la acción directa, y no fue diferente estos días con el motín policial, a sabiendas de que no serían reprimidos.
A diferencia de otros países la distancia entre la calle y el Palacio a menudo parece demasiado corta. Las instituciones son débiles y las mediaciones (y capacidad de negociación) deficitarias. Además, los muertos suelen generar un “efecto indignación” de imprevisibles consecuencias para el gobierno de turno. Esos temores hicieron retroceder a Evo Morales en ocasión del gasolinazo en 2010/2011 o el rechazo a la carretera por el TIPNIS y el aumento del horario de trabajo de trabajo de los médicos en 2012.
En este caso, hablar de un frente desestabilizador que va desde policías a los manifestantes en contra de la carretera por el TIPNIS –más allá del debate sobre ese movimiento que presenta muchos pliegues- implica cerrar demasiado debates que más bien deben abrirse, vinculados al modelo de desarrollo por el cual debe optar Bolivia.
Los golpes en Honduras y Paraguay no son comparables sin más con las situaciones en Bolivia, Ecuador o Venezuela. Menos aún con la realidad de Siria o Libia (como sostiene un “Llamado a la red de Intelectuales y artistas en Defensa de la Humanidad" firmado por Stella Calloni que circuló recientemente en rechazo a la intervención extranjera y en apoyo a la dictadura de Bashar al Assad en Siria).
¿No será hora de empezar a afrontar con madurez los conflictos sociales que existieron, existen y existirán en nuestras sociedades plurales?: si los policías tienen demandas legítimas, como sostuvo el propio gobierno boliviano, se trata de agotar los medios para resolverlas antes que las cosas se desmadren, y en Bolivia se desmadran rápido...
Pero el manifiesto antigolpista pasó por por alto las realidades sociológicas y muchos intelectuales críticos suspenden su lugar para volverse “intelectuales-voceros”… Eso tiene sentido cuando en verdad estamos frente a un golpe, pero no cuando justamente se necesita mayor creatividad para superar los problemas que enfrentan procesos de cambio que ya no son nuevos ni refieren solamente a la derecha, por lo demás muy debilitada en Bolivia. Esa lógica de la guerra fría no funcionó ayer y no funcionará hoy.
http://www.rebelion.org/noticia.php...
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